Ni diálogo ni concierto.

Uno de los primeros frentes, ha sido la imposición de una regulación normativa para "la inteceptación legal de las comunicaciones", con rango reglamentario; regulación hurtada a todo debate social y parlamentario, algo que parece preocuparnos única y exclusivamente a los internautas. Ni que decir tiene que esa normativa impuesta por el Gobierno fue impugnada por la Asociación de Internautas ante el Tribunal Supremo, conscientes de que toda regulación dirigida a enervar derechos fundamentales debe revestir un rango normativo cualificado como es el de ley orgánica por expreso mandato constitucional; impugnación que ha sido admitida a trámite muy recientemente.
El segundo frente, el de la retención de datos, sigue pendiente, desde la promulgación de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio electrónico, de su desarrollo reglamentario previsto en el apartado 4 de su artículo 12. Ni que decir tiene que seguiremos alerta ante cualquier intento de hurtar todo debate social sobre este desarrollo reglamentario y de posibles vulneraciones de principios y derechos fundamentales como son la intimidad, la privacidad, el secreto de las comunicaciones y la protección de datos de carácter personal.
El último frente, recientemente abierto, ha sido lo que parece ser la consagración del canon digital y la desaparición de facto (que ya anunciamos en noviembre de 2004) del derecho de copia privada hasta ahora existente al pretenderse desde el Gobierno, con su reciente Proyecto de Ley de reforma del Texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, limitarlo a quienes tegan "acceso legítimo" a la obra que se quiere copiar (disponer del "original" para copiar) y posibilitarlo únicamente por tres veces; con esa regulación, el Gobierno pretende dejar una copia privada residual y limitada incluso numéricamente como presupuesto del mantenimiento del canon digital que los consumidores y usuarios deberemos seguir pagando. Todo ello, dando la espalda a los agentes sociales.
Llama poderosamente la atención el nivel de alejamiento de la realidad social no sólo del Gobierno sino incluso de algunos de sus propios aliados que se han visto incluso sorprendidos en su miopía política teledirigida desde el PSOE a derrotar la Proposición de Ley aprobada por el Senado que postula la supresión del canon digital. Tan es así, que el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, presentó en fecha de 15 de julio una proposición no de Ley, idéntica a la derrotada en el Senado y que no impidió que se aprobara la supresión del canon digital defendida por el Senado español y, justo una semana después, el Gobierno aprobaba remitir al Congreso su Proyecto de Ley de reforma integral, evidenciando de esta forma lo poco que le importan no ya las formas sino incluso los esfuerzos de sus colaboradores más estrechos y cercanos en su afán por derrotar
la Proposición de Ley aprobada por el Senado que postula la supresión del canon digital.
La Proposición de los aliados del Gobierno postulaba encargar al Gobierno para que en "el plazo de un año, tras el diálogo y concierto con agentes sociales, creadores, sociedades de gestión y Comunidades Autónomas, presente la reforma integral de la Ley de la Propiedad Intelectual, atendiendo a las circunstancias y retos de la sociedad del siglo XXI y tomando en consideración la necesidad de conciliar los necesarios derechos de protección de los creadores y la accesibilidad universal a la cultura".
O el Gobierno ha sido muy rápido y ha reducido a una semana el plazo de un año en atender la demanda de sus aliados (lo que daría lógica a la absoluta falta de diálogo y concierto con los interlocutores sociales), antes incluso de la aprobación de la propia Proposición, o éstos -nos tememos- siguen a la luna de Valencia respecto de las verdaderas intenciones y designios del actual Gobierno acerca del control y criminalización de Internet, contra sus usuarios, contra la lógica y el devenir de los tiempos.